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Notapor AzUkItA » Sab, 11 May 2013, 10:54

› NIÑOS Y ADOLESCENTES | PROTOCOLO
Abogados critican una guía impulsada por Sbdar
La consulta previa debió ser más amplia, según el Colegio. La entidad lamentó la no inclusión de asociaciones vinculadas a la problemática del maltrato de menores
Hace 10 horas
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VOZ DISIDENTE. García Posse (foto) envió una nota crítica a Sbdar. LA GACETA /

Un sector significativo del universo involucrado en la lucha contra el maltrato de los menores de edad quedó afuera del documento que impulsó Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Dicha reflexión resume la opinión de las autoridades del Colegio de Abogados de la Capital respecto del Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia. Si bien la entidad intermedia adhirió a la necesidad de mejorar la atención, reducir la victimización, y garantizar los derechos y libertades de los chicos, a renglón seguido lamentó que esa guía haya sido elaborada puertas adentro del Estado, entre agentes de los poderes Ejecutivo y Judicial.

"Observamos con desánimo la no inclusión en la confección de este documento a otras asociaciones que también interactúan con la problemática de la infancia y la adolescencia", dice la nota que la entidad presidida por Francisco García Posse envió a la Corte el 2 de mayo pasado. La misiva, que hizo suyo un dictamen de la consejera Mariana Rey, precisa que no fueron consultados ni los servicios jurídicos gratuitos del Colegio de Abogados de la Capital, y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán ni las ONG ligadas a la atención de víctimas de la violencia doméstica. "Todos ellos tienen actuaciones autónomas, pero pueden articular y diseñar mecanismos para la detección, notificación, evaluación y seguimiento de casos de maltrato o abuso infantil", añade el texto.

Segunda vez

El protocolo generado con el asesoramiento de Unicef y de la Asociación por los Derechos Civiles contiene directivas generales y especificaciones para las fiscalías de Instrucción; las defensorías de Menores; la Oficina de Violencia Doméstica (Poder Judicial); los médicos forenses y psicólogos, y el sector sanitario, policial y educativo. El Colegio considera que, sin perjuicio de ello, existen otras fuentes de detección del maltrato, como los profesionales que están en contacto con los menores de edad (servicios sociales comunitarios, estudios jurídicos particulares, educadores privados, clubes deportivos y entidades asimilables, etcétera). "Ellos también deberían tener herramientas para evitar la revictimización. En este tipo de documento resulta decisiva la participación las colegiaturas, asociaciones, sindicatos, clubes... y el enunciado de prácticas que orienten la actuación de quien detecte el maltrato y la violencia", apunta la nota.

Los letrados sugirieron ampliar el alcance de la iniciativa con medidas informativas de tipo general como una línea telefónica gratuita y un portal digital. "Adicionalmente aconsejamos que cada sector involucrado con la infancia y la adolescencia tenga un protocolo propio que pueda ser complementario del que generó la Corte Suprema", manifiesta el Colegio.

No es la primera vez que la guía promovida por Sbdar recibe reparos. El 11 de marzo, día en que esta fue presentada oficialmente, Antonio Gandur y Antonio Estofán, respectivos vocal y presidente de la CSJT, expresaron en público sus disidencias por medio de la carta que leyó la funcionaria Ana María Gollán. Entre otras observaciones, dijeron que el documento no había sido discutido en el interior del alto tribunal. Al día siguiente, Sbdar precisó que el 18 de febrero pasado había entregado el protocolo a sus pares del alto tribunal, según la Secretaría de la Superintendencia, y que este asunto había integrado el temario de la única reunión de la Corte celebrada hasta ese momento.

Previamente, la vocal había asegurado que el protocolo estaba sujeto a revisión y a ajustes, y añadido: "este trabajo interinstitucional empezó en 2009 y refleja el consenso de los funcionarios que trabajaron en él. No es mi opinión ni la de la Corte, sino la de los actores involucrados en la investigación de delitos contra niños, niñas y adolescentes".
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Notapor AzUkItA » Sab, 11 May 2013, 10:56

PODER JUDICIAL | INVESTIGACIÓN
Una tucumana propone una mirada innovadora de la Corte de la Nación
Barrera estudió al tribunal post crisis de 2001
Hace 10 horas
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TRES DE LOS PANELISTAS. Gargarella (izq.), Barrera y Novillo en Derecho.

Dijeron que abordó un territorio virgen del Derecho. Que enfocó el quehacer judicial con el lente de la Antropología y que este acercamiento es pionero en la Argentina. Que vio lo obvio (los actores y cosas que constituyen ese cuerpo complejo llamado Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN-) con una mirada distinta. Que el resultado de ese abordaje sorprende por su no convencionalidad. Y que logró exponer prácticas mundanas que no aparecen en las sentencias.

En esos términos elogiosos se despacharon los tres panelistas que este miércoles presentaron "La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial" (2012), libro escrito por la abogada e investigadora tucumana Leticia Barrera. De dicho acto participaron la autora, el jurista porteño Roberto Gargarella, y los académicos Oscar Flores y Rodolfo Novillo (vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). La moderación de la mesa panel estuvo a cargo de Horacio Madkur, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

"La CSJN es un objeto de interés de la academia y de la prensa, sobre todo después de la crisis de 2001. Mi investigación comenzó en 2005, en un momento de transformaciones. Parece que el cuerpo judicial no se mueve, pero pasan muchas cosas", explicó Barrera.

Entre esos cambios están las audiencias públicas que convocó la CSJN en causas emblemáticas como la de El Riachuelo. "Estos mecanismos son paradigmáticos porque tienen el efecto simbólico de presentar una nueva Corte y otra puesta en escena en un contexto post crisis donde era necesario legitimarse y recuperar el prestigio que la crisis había hecho estallar", añadió la investigadora, que se desempeña como docente de las universidades de Buenos Aires y Palermo. Barrera comentó que, en su inmersión en el máximo tribunal del país, chocó de frente contra la burocracia: "lo que pretendía hacer no era un trabajo 'normal' en términos formales, que sería el que está confinado a la biblioteca de la Corte. Por un momento creí que mi proyecto se caía, pero la formación del expediente me intrigó". Lo paradójico de la historia es que, durante años, Barrera conversó con jueces que terminaron diciendo "no ha lugar" al momento de pronunciarse sobre el caso administrativo que generó su investigación.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Dom, 12 May 2013, 10:41

› PROCESO PENAL | IDEAS PARA LA REFORMA
Lebbos pide más control sobre los fiscales
Hacen falta protocolos obligatorios que recorten la discrecionalidad de los investigadores, según el activista pro víctimas de la impunidad. "En el presente, el fiscal de Instrucción es el peor enemigo de las víctimas y de sus familiares", opinó el papá de Paulina, joven asesinada en 2006
Hace 10 horas
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DEL LADO DE LA VÍCTIMA. Lebbos junto al monolito que señala el lugar donde fue hallado el cadáver de Paulina. LA GACETA

Después de estudiar acordadas y construir cuadros sinópticos, Alberto Lebbos llegó a la conclusión de que el Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) no dará al sistema lo que sistema pide a gritos: herramientas para, tras un juicio justo, aplicar una pena al autor de un delito.

"Este programa despoja arbitraria e ilegítimamente a las víctimas y a sus familiares del derecho a saber quiénes fueron los responsables del hecho ilícito; en qué circunstancias ocurrió este, y el estado de las investigaciones. Su única finalidad es implementar y promover el uso de remedios alternativos que extinguen la acción penal y concluyen el proceso excluyendo el juicio oral y la sentencia de condena", añadió por escrito la letrada Patricia González, esposa de Lebbos y colaboradora de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán que este anima en su carácter de padre de Paulina, la estudiante universitaria asesinada cruelmente en 2006.

Larga es la lista de objeciones al plan aprobado con los votos de los vocales Antonio Estofán (presidente de la Corte), Antonio Gandur y Daniel Posse. Entre ellas se destaca una crítica que Lebbos formula con especial vehemencia: "en el presente, el fiscal de Instrucción es el peor enemigo de la víctima y de sus familiares". Por ello, antes que aumentar su poder de decisión -como postula el plan piloto de la CSJT-, el activista pide más control. Y, por ejemplo, propone confeccionar protocolos de aplicación obligatoria durante la investigación penal preparatoria que impidan que las medidas investigativas y probatorias dependan de la discrecionalidad.

"Estas instrucciones deben establecer obligaciones concretas para ser desarrolladas en plazos razonables, y cuyo incumplimiento permita configurar la responsabilidad civil, penal y política de los fiscales", expresaron Lebbos y González. Esos protocolos implicarían, en la práctica, jerarquizar la intervención y participación de la víctima y de la querella. "No queremos suplir al investigador, sino ejercer la debida fiscalización de su actuación: esta es la base para que la profundización del sistema acusatorio lleve a lograr soluciones no sólo rápidas sino, sobre todo, justas", explicaron.

Celeridad insustancial
Los cónyuges consideran que, tal y como fue redactado (en la acordada 107 del 12 de marzo de 2013), el programa de la Corte es inconstitucional (el mismo alto tribunal suspendió su implementación indefinidamente como consecuencia de su judicialización y de un conflicto de facultades con la Legislatura). Según su criterio, este plan conculca los derechos a la verdad, a la justicia y a la tutela judicial efectiva, que están amparados por la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Lebbos y González dicen que el proyecto neutraliza a la víctima y a sus familiares en los delitos más graves; faculta al fiscal para que fomente el uso de medidas alternativas de resolución de conflictos sin el consentimiento del afectado por el delito y sin garantizar la reparación total del año causado, y obliga al investigador a "un imposible": recabar más pruebas en menos tiempo con los mismos -escasos- recursos materiales que tiene en el presente.

"En este contexto, el principio de 'celeridad' seguramente se transformará en sinónimo de archivo de actuaciones y, en consecuencia, en impunidad", analizaron. Y anticiparon que la inconstitucionalidad mencionada requiere una reformulación del plan y no la mera sanción de una ley, como pretenden los parlamentarios del oficialismo y de la oposición disconformes con la decisión de la Corte Suprema de proceder a diseñar el plan piloto por medio de acordadas reglamentarias.

Desde que comenzaron a desfilar frente a los jueces los testigos y víctimas de los casos del Arsenal, son pocos los imputados que permanecen en la sala de audiencias del TOF. El resto de los acusados hacen uso de la opción de permanecer en una sala contigua y desde allí siguen el debate. Hasta el momento, los testimonios se caracterizaron por su crudeza.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Dom, 12 May 2013, 11:02

Abogados exigen debate y consenso de poderes
El Colegio de la Capital afirma que la política criminal debe ser una cuestión de Estado
Hace 11 horas


Celebraron que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) haya iniciado un proceso de modificación del proceso penal inspirado en los principios de oralidad, contradicción, celeridad y publicidad. Pero exigieron un debate que por lo menos incluya a académicos, profesionales y magistrados, y el consenso de los tres poderes del Estado.

Ese es el tono de la nota que el Colegio de Abogados de la Capital remitió este 2 de mayo pasado a Antonio Estofán, presidente de la Corte y uno de los promotores del Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio. Aquel programa, que debía debutar el 15 de abril en los Tribunales de Concepción, fue judicializado y generó un conflicto entre miembros del alto tribunal y la Legislatura (estos últimos sostienen que la iniciativa requiere -sí o sí- de una ley).

"La política criminal es una cuestión de Estado, que afecta e interesa al cuerpo social entero y, por lo tanto, debe ser la aceptada expresión de los factores directamente involucrados (en el sistema procesal penal)", definió la entidad presidida por Francisco García Posse. Según esa institución, el plan de asistencia técnica que (por encargo de la Corte) confeccionó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) constituye una "base suficiente" para la elaboración de proyectos definitivos que impongan reformas normativas necesarias para la implementación del nuevo modelo.

Los letrados sugirieron conformar equipos de trabajo que incluyan a sus representantes (en abril, Antonio Gandur, vocal de la CSJT, había propuesto armar una comisión con miembros de la Justicia y la Legislatura). "La actuación integrada y participativa que aconsejamos garantizará la redacción de un plexo de normas que, conocido de antemano, comprometerá a todos los actores en la aplicación práctica del nuevo proceso", añadieron.

El omitido
Los letrados consideraron que el plan piloto (sujeto a evaluación y ajuste) aprobado por la CSJT afecta al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica de Tribunales: "con ello resiente la jerarquía normativa, que es la piedra angular de la organización jurídica fundacional".

En el terreno de las críticas particulares y entre otras observaciones, el Colegio expresó que en la aplicación del sistema promovido por la Corte (adversarial) el reto principal consistirá en introducir el principio de oportunidad (permite elegir qué denuncias serán investigadas) en un paradigma dominado por el principio de legalidad (obliga a investigar todo). Y afirmó que el plan introduce un desequilibrio entre las partes en beneficio del fiscal: "sin embargo, el mayor desequilibrio aparece cuando advertimos que el abogado particular ha quedado absolutamente omitido en las acordadas reglamentarias del proyecto".
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Lun, 13 May 2013, 12:04

› PRESUNTA IRREGULARIDAD | EN LA CAPITAL
"El director de la Dipsa me pidió $ 20.000 como condición para habilitar mi negocio"
Un ex concejal bussista, que es dueño de un local bailable, afirma que no recibe el alta definitiva pese a tener los permisos municipales. Manuel Almeida, ex edil en Banda del Río Salí, sostiene que llevará toda la documentación a la Justicia. "Me cansé", dijo
Hace 12 horas
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EN LA GACETA. Manuel Almeida muestra los papeles de la habilitación de su local de avenida Avellaneda 556. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARAOZ

El ex concejal bussista de Banda del Río Salí, Manuel Enrique Almeida es ahora propietario, junto a su hijo, de un local bailable de avenida Avellaneda 556, en la capital. Con una capeta bajo el brazo, se presentó el viernes en las oficinas de LA GACETA, y se quejó en contra de una repartición municipal. "Quiero realizar una denuncia. Me pidieron dinero para habilitar mi negocio cuando he cumplimentado con todos los tramites legales", afirmó el empresario.

En la sala de entrevistas, Almeida comenzó a exhibir papeles. "Me decidí a denunciar este hecho porque me cansé. Desde octubre que peregrino por la Dipsa -siglas de Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental- para que me habiliten el negocio. Sólo he cometido un error: me negué a pagarle al director (Miguel Ángel Molins) los $ 20.000 que me pidió como condición para habilitar mi negocio de manera definitiva", lanzó Almeida. Y adelantó que denunciará al titular de la Dipsa en la Justicia por lucro cesante.

El reclamo del contribuyente llega en medio de la disputa que el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, mantiene con funcionarios de la Municipalidad, en el marco de una investigación que involucraría a dos inspectores de la repartición, sospechados de gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas de la Capital.

Con expedientes de varias reparticiones municipales en la mano, Almeida comentó que inició los trámites de su negocio en septiembre del año pasado. Y agregó que, pese a contar con el visto bueno de varias dependencias, todavía no pudo obtener el permiso definitivo por parte de la Dipsa. Según el ex edil, desde hace más de seis meses sólo recibe multas y trabas administrativas por parte de la repartición que conduce Molins, quien anteriormente se desempeño como director de Tránsito municipal.

"En estos momentos no podemos trabajar porque no tenemos la habilitación. Después de que acondicionamos el negocio se seguía diciendo que había ruidos molestos. Para evitar eso, nosotros hicimos construir una doble pared y compramos cajas acústicas. Y gracias al asesoramiento del personal de Dipsa pudimos cumplimentar con todos los requisitos. Dejamos el local en condiciones, en función del asesoramiento del mismo personal. El único problema que teníamos era con Molins, porque cuando ya teníamos todo para la autorización nos seguía demorando la habilitación. ¡Nos demoró cuatro meses!", se quejó el ex concejal.

Según Almeida, en diciembre fue a pedirle a Molins que habilitara su negocio porque -según expresó- ya estaba en regla. "Decidimos abrir el pub en octubre porque ya teníamos el permiso de Bomberos, de Defensa Civil y de Catastro. Por cansancio, y después de haber hecho todos los trámites legales, Molins me otorga, el 22 de enero de este año, una habilitación provisoria. En diciembre yo le pedí que le dé a mi hijo la oportunidad de trabajar, y él me contestó que la oportunidad costaba $ 20.000. Le dije, entonces, que nos diera la oportunidad de trabajar, porque en ese momento no teníamos dinero para pagar lo que él pretendía. Para zafar del momento le expliqué que si esa era la exigencia que, nos dejara abrir y que después le pagaríamos", narró el contribuyente.

Mientras relataba los hechos, Almeida comentaba los pasos administrativos que debió sortear desde octubre hasta hoy. "Defensa Civil me dio la habilitación definitiva el 10 de enero. Catastro nos había autorizado, el 20 de setiembre de 2012, como local permitido para bar con espectáculos. Y Bomberos nos otorgó el certificado de aptitud para 2012 y 2013. Habíamos cumplido con todas las exigencias de todas las reparticiones. Hace días, cuando supuestamente caía el permiso provisorio, volvimos a pedirle la habilitación definitiva al director de la Dipsa. Hasta la fecha no nos dieron una respuesta ni nada por escrito", explicó.

¿Piensa reclamar el hecho ante la Justicia?, se le consultó. "Voy a denunciarlo a Molins por daños y perjuicios. Porque no me puede tener así cuando ya he cumplido con todos los requisitos y las exigencias legales. He tenido que pagar muchas multas por culpa de una señora que vive a la par de mi negocio, y denunció varias veces que había ruidos molestos. A ella también la voy a denunciar por daños y perjuicios. He pagado multas de $ 4.000 y $ 5.000", se lamentó.

"Me clausuraron de forma arbitraria porque esa señora (la vecina) denunciaba y rápidamente venían. Me han cansado. Todo es una mentira. Yo tengo en mi poder una acta firmada por un inspector y por esta mujer en la que ella asegura que no se sienten ruidos. Entonces, ¿en que quedamos?", concluyó.

"El señor Almeida lo tendrá que demostrar", advirtió Molins

Sorprendido por la consulta de este diario, el director de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), Miguel Ángel Molins, negó que le haya pedido dinero a Manuel Almeida, como condición para habilitar su negocio. Sostuvo que el ex concejal bussista de Banda del Río Salí deberá probar sus acusaciones en la Justicia.

"El que denuncia es un ex candidato a concejal. ¿Usted cree que yo le voy a pedir dinero? Está mintiendo. Él tiene como 20 denuncias de su negocio por ruidos molestos. Yo lo he habilitado provisoriamente (al local comercial) para ver cómo evoluciona su situación. La semana pasada, por ejemplo, dos vecinos presentaron una denuncia por ruidos molestos. Se lo ha clausurado varias veces. Yo he acudido en persona a clausurarle el negocio", replicó el ex director de Tránsito de la Municipalidad capitalina.

"Están aprovechando la situación por la investigación que hay en la Dipsa (en referencia a la denuncia que involucra a dos inspectores de la repartición). Si dice eso, ahora lo tendrá que demostrar en la Justicia. Si usted quiere le paso el teléfono de la vecina que lo ha denunciado (a Almeida) en reiteradas oportunidades. Habilité su negocio de manera provisoria para que, en caso de que persistieran los ruidos molestos, se lo clausurara definitivamente. Porque, después, el problema es mío", explicó el titular de la Dipsa.

"Sé que ha intervenido la Defensoría del Pueblo en una denuncia que esta persona realizó. No tengo problemas en mostrarles todas las actuaciones que efectuamos. Es la palabra de él contra la mía. Lo feo de todo esto es que, ahora, con la investigación que están llevando a cabo, va a quedar como que todo es cierto", se defendió Molins.

El martes pasado, Molins había sido citado a declarar por el fiscal, Washington Navarro Dávila, en el marco de la causa que este investiga por la existencia de una supuesta "municipalidad paralela". Como Molins concurrió a la sede judicial sin su DNI, Navarro Dávila le ordenó que le pintaran los dedos y que le tomaran muestras dactilares para identificarlo.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Mar, 14 May 2013, 15:23

› POR EL INTERIOR | EN LA JUSTICIA
Archivan una denuncia contra un alperovichista
Ex empleados de comunas rurales dijeron que el legislador Iván Llorens Dip se quedaba con parte de sus salarios
Hace 15 horas
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"JUGADA POLÍTICA". Llorens Dip dijo que denunciará a quienes lo acusaron. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)

Una denuncia penal por estafas reiteradas y por violación de los deberes de funcionario público en contra del actual legislador alperovichista Iván Llorens Dip fue desestimada por el fiscal de la III Nominación del Centro Judicial de Concepción, Jorge Echayde.

Ocho ex empleados de comunas denunciaron que cuando Dip se desempeñaba como secretario de Coordinación de Comunas Rurales, les retenía parte de sus salarios como contraprestación por haberlos designado en esos cargos. Patrocinados por el abogado Eduardo Monteros, los ex empleados Adrián Medina, Carlos Belmonte, Mariela del Valle Bulacio, Eduardo Navarro, Alejandra Acosta, Argentino Núñez, Andrea Zárate y Gustavo Rodríguez, decidieron denunciar -la semana pasada- al actual legislador alperovichista. En la demanda, los ex trabajadores comunales afirmaron que el parlamentario alperovichista se quedaba con un porcentaje de sus salarios, que en muchos casos superaba el 50% del haber percibido.

"Además de estas sumas, debían abonarle la mitad de su aguinaldo, el cual era percibido dos veces al año. También debían pagarle $ 100 cada uno en forma mensual, para un club de fútbol. Si se oponían, estaban amenazados con que se iban a quedar sin trabajo", relata el abogado Monteros en su escrito.

"Cada trabajador era acompañado todos los meses a la sede del Banco del Tucumán de Concepción por uno de los secretarios de Llorens Dip para que este cobrara el sueldo de cada uno, con la respectiva tarjeta de débito, y volvieran por la casa (de Llorens Dip) o por la sede partidaria para dejar los importes correspondientes. El legislador les decía a los empleados que debían aportar el dinero porque sería destinado a comedores y escuelas. Así que, mediante el engaño, cada uno se llevaba a sus hogares una ínfima suma del sueldo", denunció el abogado patrocinante.

Según Monteros, Llorens Dip se aprovechó de la escasa instrucción escolar de los ex trabajadores. "El acusado disponía del sueldo de cada trabajador para su provecho personal, defraudándolos mediante ardid y engaño, aprovechándose de que la mayoría apenas cursó el nivel primario. Usó el ardid a través de maniobras para sacarles el dinero del sueldo, causándoles un gran perjuicio patrimonial", fustigó el letrado. Según consignó en la demanda, el legislador habría percibido más de $ 400.000 por -presuntamente- haberles retenido parte de los salarios a los empleados querellantes. "Se apropió del dinero y dispuso de la cosa como si fuera propia", aseguró Monteros.

También fustigó al fiscal Echayde por haber considerado que la causa debía ser archivada. "En el propio escrito de la querella se ofreció testimonios, pruebas y el fiscal llamó a declarar a los denunciantes como si fueran los victimarios. Los llamó a uno por uno y en todo momento los quería hacer pisar el palito. Parecían ellos los acusados; se invirtien los roles. Sólo faltó que les pongan una lámpara en la cara", se quejó. "Sin investigar nada terminó archivando la causa", fustigó Monteros.

El abogado había solicitado -entre otras medidas- la constitución de querellantes de la causa a las ocho personas denunciantes y el procesamiento de Llorens Dip por los presuntos delitos de estafas reiteradas en concurso real con fraude, abuso de confianza, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.

"Señal que cabalgamos"

Al ser consultado por LA GACETA, Llorens Dip minimizó la denuncia en su contra y manifestó: "Ladran Sancho, señal que cabalgamos", dijo el ex secretario de Coordinación de Comunas Rurales.

"Esta es una jugada política porque se vienen las elecciones. Yo le pregunto a usted: ¿por qué no denunciaron antes? ¿Ahora se acordaron?", agregó.

"Estas personas me difamaron y ahora ellos van a tener que responder en la Justicia. Les voy a iniciar una contrademanda porque me difamaron. Yo soy un referente del peronismo en Concepción. El fiscal mandó a archivo la causa porque la denuncia carece de sustento", se defendió el legislador del oficialismo.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Mié, 15 May 2013, 09:50

›› INVESTIGACIóN JUDICIAL | TREN A CONCEPCIóN
En el sur, los asentamientos copan las vías
En el tramo que va desde Famaillá a Concepción viven unas 3.000 familias cerca del trazado; hay trayectos sin rieles ni durmientes. "No es un problema nuestro. A Tucumán no llegó nada", se desentendió Alperovich del destino de los $ 8 millones para obras
Hace 9 horas
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VIVIR EN LA ESTACIÓN. Varias familias comparten el derruido edificio de la estación de trenes de Arcadia. LA GACETA /

CONCEPCIÓN.- Un rosario de alrededor de 500 viviendas, algunas precarias y otras más vistosas, se extiende a lo largo de lo que fue el ramal del ex ferrocarril Belgrano, en el tramo que va desde esta ciudad hasta Arcadia. Si se toma hasta Famaillá, se estima que la cifra supera las 3.000. Es decir, en todo ese trayecto viven unas 15.000 personas. Algunas familias se instalaron al borde de las vías, pero otras levantaron sus casas sobre el tendido, tras arrancar rieles y durmientes. No hay ni vestigios de lo que fue el servicio de transporte. Tampoco, de las supuestas obras emprendidas en 2004 para reactivar los viajes de pasajeros entre la capital y "La Perla del Sur".

Las supuestas maniobras para la concreción de esos trabajos e, incluso, que estos se hayan realizado, es investigado por la Justicia Federal por una denuncia de 2009 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En ese contexto, el juez Claudio Bonadío citó la semana pasada a indagatoria al sindicalista José Pedraza, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y a los responsables de la empresa adjudicataria (Luis Carlos Zonis S.A), entre otros, por el delito de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad. En las últimas horas se conocieron dos informes oficiales contradictorios de áreas dependientes del Ministerio del Interior: un documento de la CNRT consigna que las obras se terminaron y uno de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario afirma que no se concretaron por la imposibilidad de reubicar a los ocupas. Las presuntas irregularidades, que involucrarían más de $ 8 millones, habrían implicado la evasión de controles y supuestos pagos por adelantado a Belgrano Cargas S.A. Según pudo saber LA GACETA, los asentamientos datan de más de seis años, poco después del anuncio de reactivación del "cochemotor" que, en el siglo pasado, movilizó a miles de tucumanos del sur.

"No tenemos dónde ir"

"Vivir en las vías es vivir en la zozobra de no saber si mañana o pasado vendrán los gendarmes a sacarnos de aquí. La Justicia Federal nos intimó a que dejemos este lugar, pero no tenemos dónde ir. Tengo siete hijos y lo que gano es apenas para sobrevivir", contó Ricardo Olea, un trabajador del limón. Ocupó dos ambientes del derruido edificio en el que funcionó la ex estación de trenes de Arcadia. Ahí también se instalaron otras dos familias sin techo. Olea lleva ya seis años en ese sitio. "Ante la Justicia dije la verdad, que no tenía adónde ir. Y que no pretendía quedarme con este lugar. Que si conseguía otro sitio mejor, me iba", apuntó.

No sólo esta ex estación es utilizada como albergue, sino también las de Río Seco, Acheral y Villa Quinteros, entre otras. Olea ni ninguno de los ocupantes consultados creen que el servicio pueda volver a funcionar. "Es imposible que el tren regrese. Igual, nosotros por cualquier cosa nos instalamos a la orilla del ramal. Pero para que eso suceda ahora, se va a tener que desalojar a miles de familias que, como la nuestra, no tienen dónde caerse muertas", sentenció Esther Carrasco, otra ocupante de Arcadia, madre de seis hijos. "Desde que estamos aquí nadie nunca nos dijo que el tren iba a volver. O que se tenía pensado hacer algún trabajo", añadió la mujer.

Restos de rieles desperdigados por la zona del ex ramal y cimientos de construcciones nuevas revelan el avance permanente de las ocupaciones. "Los terrenos de las vías se convirtieron en tierra de nadie. Mejor dicho de los que no pueden conseguir una casa y también de algunos aprovechadores que levantan construcciones y luego las venden", explicó Jesús Díaz.

La naturaleza también hizo estragos sobre la red ferroviaria. Unos 100 metros del puente sobre el río Gastona fueron arrastrados por una creciente de hace varios años. Lo mismo sucedió con el viaducto de Monteros. En los lechos de ambos permanecen esparcidos restos metálicos.

En Concepción y en Monteros las autoridades municipales evitaron que las ex estaciones sean ocupadas. Las destinaron, mediante convenios con el Gobierno nacional, al funcionamiento de áreas estatales. En un sector del predio ferroviario ubicado en "La Perla del Sur" se levantó un centro cultural y se prevé instalar una Unidad de Acceso al Conocimiento (UAC), según detalló el intendente Osvaldo Morelli.

Ofuscado

"No tenemos nada que ver". Así respondió ayer el gobernador, José Alperovich, al ser consultado sobre la investigación judicial y la denuncia del senador José Cano (UCR) acerca de los $ 8 millones que habrían sido "desviados". Visiblemente ofuscado, deslindó responsabilidades. A continuación, el diálogo con LA GACETA:

- Cano dice que se habían asignado $ 8 millones a Tucumán.

- ¿Qué llegó la plata a Tucumán? No, infórmese bien.

- Denunció que se tendría que haber realizado la obra.

- Bueno, pero no es por un problema nuestro entonces.

- Entonces, ¿de quién es el problema?

- Bueno, no sé. Averiguá vos, que sos el periodista. A la provincia de Tucumán no llegó nada. Lo que te pido es que averigües bien porque si no queda muy mal que un periodista de un diario de gran prestigio como es LA GACETA no entienda lo que dice. La verdad es que a Tucumán no llegó absolutamente nada y yo siempre te dije a vos y le he dicho a todos que cuando mejor y más se investigue al Gobierno mejor es. Yo no tengo drama en que me investiguen todo lo que sea necesario. El que tiene drama es el que roba, el que hace mal las cosas. Cuando uno no roba y hace las cosas bien, mientras mayor investigación haya es mejor. Pero acá a la provincia no llegó absolutamente nada de eso.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Vie, 17 May 2013, 10:50

›› "MUNICIPALIDAD PARALELA" | INVESTIGACIóN JUDICIAL
"Le presté mi cuenta a un empleado de la Dipsa"
Víctor Assad figura en un expediente municipal como la persona que cobró un cheque que la firma Basualdo SA destinó al pago de tributos. Sin mencionarlo, un comerciante vinculó a uno de los dos inspectores de la Dipsa que está siendo investigado por el fiscal penal Washington Navarro Dávila.
Hace 4 horas
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Víctor Assad (centro)

Víctor Assad aparece en un expediente municipal como una de las personas que cobró los cheques que en 2011 había emitido el empresario y senador sanjuanino, Roberto Basualdo, para cancelar una deuda tributaria con la Dirección de Ingresos Municipales (DIM). Ayer, el comerciante decidió romper el silencio y habló con LA GACETA sobre lo sucedido. Sin dar nombre y apellido, Assad dijo que le prestó una cuenta que tenía abierta en el banco HSBC a uno de los dos inspectores de la Dipsa, que son investigados por el fiscal penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila.

De acuerdo a la investigación que lleva a cabo el funcionario judicial, los dos empleados municipales -ya fueron separados de sus cargos- que aparecen en el expediente Nº 27839/12 son Gabriel Gerez y José López.

Acompañado por los abogados Marcelo Seidán y Pablo Caram, Assad decidió ventilar lo sucedido para "limpiar" su buen nombre y honor, según afirmó. "Vengo a decirles que soy una persona honorable y que no tengo problemas con nadie. Le hice una gauchada a un empleado de la Dipsa y me terminó perjudicando", sostuvo Assad ante la atenta mirada de sus abogados. Seguidamente, el comerciante comenzó a relatar de qué manera nació su vínculo con uno de los empleados municipales que están siendo investigados. "Tenía una lavandería y me fundí. Pero me quedó la cuenta corriente abierta en el HSBC. Seguí lavando ropa en mi casa con los tres o cuatro clientes que me quedaron. Entonces, al ver que empezaba a crecer de nuevo con el negocio, esta persona (el inspector de la Dipsa que tendría el lavadero) me dijo: 'che, venite a lavar acá en mi negocio'. Y me pongo a lavar con ellos porque estaba cansado de lavar en mi casa. Yo lavaba la ropa de mis clientes, y cuando cobraba les daba un porcentaje a los dueños, porque usaba su lavadero", comentó.

- ¿Y cómo llega su nombre al expediente municipal?

- Bueno, dejame que te explique. En un momento ellos (los dueños del lavadero) me dicen: 'che, necesitamos depositar un chequecito'. Yo les digo que no había problemas y le pregunto si el cheque era bueno. Es así como fue todo. Le hice un favor a un chango que me hacía una atención de dejarme lavar la ropa en su negocio y que me pidió que depositara el cheque.

- ¿Cuántos fueron los cheques que usted cobró?

- Eso lo voy a decir en la Justicia. Estoy esperando que el fiscal me cite a declarar.

- ¿Fue más de uno?

- Sí. Lo que te puedo decir es que cuando cobré el primer cheque les dije: 'eh, voy a tener problemas con la DGI porque yo facturo poquitito con el negocio del lavado de ropa'.

- ¿Qué pasó cuando vio su nombre en el diario?

- He tenido problemas familiares, de vecinos y de amigos. También he tenido problemas laborales.

- ¿Lo amenazaron?

- Recibí llamadas por teléfono, pero nunca atendí.

- ¿ Y qué pasó con el dinero que cobró?

- Eso se lo voy a decir únicamente al fiscal. Hoy mismo (por ayer) me puse a su entera disposición para contarle todo lo que sé.

En otro momento de la entrevista, Assad aseguró estar económicamente quebrado. "Mi situación económica es mala, no tengo bienes y no tengo auto ni nada. Soy un perejil en esta historia. Por hacer un favor a alguien terminé perjudicado", expresó.

El inicio del escándalo

En 2011, cuando Basualdo SA le abonó al municipio el millón de pesos que le adeudaba en tributos, solicitó el libre deuda. Desde la DIM le informaron que aún queda un saldo de $ 300.000. Para justificar el pago, el empresario entregó copias de cheques -no a la orden- del Banco Francés a nombre de la Municipalidad. Pero esos valores no ingresaron a las arcas municipales, según consta en la documentación oficial de la Municipalidad, a la que pudo acceder este diario. Esos cheques fueron supuestamente cobrados por un tercero (en este caso Saad) en el banco HSBC, previa cesión de haberes por parte del contador general de la Municipalidad, Francisco Correa, del subdirector de Compras, Tristán Filgueira, y con la anuencia de la escribana Ana María Medrano Ortiz.

De acuerdo a las posteriores actuaciones que realizó la Municipalidad, Correa, Filgueira y Medrano Ortiz aseguraron que sus respectivas firmas fueron adulteradas. En el caso de Medrano Ortiz, la escribana realizó un descargo mediante el que afirma que las firmas no son auténticas ni corresponden a registros obrantes en sus libros de actuaciones notariales. En la Fiscalía V no descartan citar a declarar a la escribana y a los dos funcionarios.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Sab, 18 May 2013, 13:49

›› CASO DIPSA | "MUNICIPALIDAD PARALELA"
Navarro Dávila citará a declarar al lavandero Saad
El comerciante dijo a LA GACETA que le prestó la cuenta a un empleado de la Dipsa para que este cobre un cheque de la firma Basualdo. "Le hice una gauchada a un empleado de la Dipsa y me terminó perjudicando", sostuvo Saad. La Fiscalía V prepara medidas judiciales para la próxima semana
Hace 13 horas


El lunes, cuando el fiscal penal Washington Navarro Dávila se reintegre a sus funciones -estuvo una semana de licencia- tiene previsto ordenar una serie de medidas, en el marco de la investigación que lleva adelante para determinar si funciona o no en esta capital una "Municipalidad paralela".

Según fuentes judiciales, entre esas disposiciones el titular de la Fiscalía V tiene previsto citar a declarar al comerciante Víctor Saad, quien dijo a LA GACETA que había prestado su cuenta del banco HSBC para que un empleado de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) pudiera cobrar -mediante una maniobra presuntamente irregular- cheques que la empresa Basualdo SA había destinado para el pago de tributos municipales adeudados.

De acuerdo a la investigación que conduce el funcionario judicial, los dos empleados municipales -ya fueron separados de sus cargos- que aparecen en el expediente Nº 27839/12 son Gabriel Gerez y José López. Navarro Dávila también investiga al ex gerente de la firma Basualdo SA, Ariel García Isidro. El fiscal ya pudo constatar que López es el propietario de una lavandería ubicada en Maipú al 2.200. Sin mencionarlo, Saad vinculó a López en una presunta maniobra, al relatar los pasos que debió realizar hasta cobrar los valores. Según la hipótesis judicial, los dos inspectores de la Dipsa habrían formado parte de una estructura organizada que se encargó de desviar cheques a cuentas de terceros.

"Vengo a decirles que soy una persona honorable y que no tengo problemas con nadie. Le hice una gauchada a un empleado de la Dipsa y me terminó perjudicando", afirmó Saad ante la presencia de sus abogados Marcelo Seidán y Pablo Caram. El comerciante sostuvo que le prestó su cuenta bancaria al empleado de la Dipsa para hacerle "una gauchada", ya que a ambos los unía un vínculo comercial precedente. "En un momento ellos (los dueños del lavadero) me dicen: 'che, necesitamos depositar un chequecito'. Yo les digo que no había problemas y les pregunto si el cheque era bueno. Es así como fue todo. Le hice un favor a un 'chango' que me hacía una atención de dejarme lavar la ropa en su negocio y que me pidió que depositara el cheque", explicó Saad, quien el lunes podría dar su testimonio ante Navarro Dávila, si es que este resuelve citarlo, como adelantaron ayer fuentes tribunalicias.

Según la línea investigativa que maneja la Fiscalía V, en la presunta maniobra para desviar cheques, y en la confección de sellos y recibos truchos habría más personas involucradas, además de los dos inspectores de la Dipsa y de un ex empleado de la empresa Basualdo SA. La pesquisa se encamina a dilucidar si quienes habrían falsificado las boletas del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) y los sellos del Banco Tucumán son empleados municipales o particulares que habrían montado -en sus propias viviendas- computadoras e impresoras para falsificar documentos públicos. El fiscal también intentaría clarificar si Saad es un "perejil", como él se autodefinió, o bien formaría parte -aunque en menor escala- de la denominada "Municipalidad paralela".

Según fuentes judiciales, Navarro Dávila también evalúa citar a declarar al contador General de la Municipalidad, Francisco Correa; al subdirector de Compras, Tristán Filgueira; y a la escribana Ana María Medrano Ortiz. De acuerdo a un expediente municipal que accedió este diario, los funcionarios y la escribana fueron los que firmaron y avalaron la cesión de haberes a favor de Saad. En ese mismo documento, Correa, Filgueira y Medrano Ortiz niegan haber firmado la cesión.

FE DE ERRATAS.

Ayer, en la página 4 de este diario se redactó de manera errónea el nombre del comerciante Víctor Saad, quien ventiló una supuesta maniobra en la Dipsa. En esa noticia se consignó que el apellido del lavandero era Assad, en lugar de Saad. Pedimos disculpas a nuestros lectores por el error.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Sab, 18 May 2013, 13:54

ENTRE LA CORTE Y EL PARLAMENTO | POLéMICA
Lebbos pide que cese la pelea entre poderes por las reformas penales
Familiares de Víctimas de la Impunidad quieren participar de una comisión interpoderes
Hace 13 horas

Alberto Lebbos empezó a caminar por los pasillos de la sede penal de Tribunales hace más de siete años, cuando a la vera de una ruta, en Tapia, fue encontrado el cuerpo de su hija, Paulina.

En este tiempo, Lebbos no pudo conocer cómo, dónde, cuándo, por qué y quién o quiénes mataron a la joven estudiante. Y asegura que estos interrogantes permanecen abiertos por fallas o irregularidades en la investigación, que encabeza el fiscal de Instrucción Carlos Albaca.

Por eso, como referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán (CFVI), envió una nota esta semana a mesa de entradas de la Legislatura, para solicitar la inclusión de esa ONG en la comisión interpoderes que trabajará en una futura reforma del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"Hemos enviado el petitorio. Sentimos que tenemos mucho para aportar, y que es importante abrir este debate a toda la sociedad. Esperamos ser aceptados, y que se incluya también a los penalistas de primera línea de la UNT y a los abogados, por ejemplo", afirmó Lebbos, en una entrevista con LA GACETA.

En suspenso

El camino hacia la reforma en la investigación penal preparatoria no parece ser corto. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) contrató al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para diseñar un plan piloto, que debía lanzarse en abril en el Centro Judicial de Concepción. El nuevo sistema, que apunta hacia la oralidad y la celeridad, fue diseñado mediante acordadas del alto tribunal. Pero fue suspendido por tiempo indeterminado.

Un penalista del sur y dos defensores oficiales formularon diferentes planteos de amparo, que recayeron en la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en los que cuestionan la constitucionalidad del programa de la CSJT. Los letrados consideran que el alto tribunal no tiene potestades para efectuar esas modificaciones, y que en lugar de acordadas de la Corte Suprema el proyecto del plan piloto debería haberse sustentado en una ley provincial.

Los legisladores adhieren a esta opinión. Así, se originó un conflicto entre el titular de la CSJT e impulsor del programa, Antonio Estofán, y la bancada oficialista Tucumán Crece. El 25 de abril, en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento, hubo una reunión entre los representantes de los tres poderes del Estado. Y se acordó diseñar una comisión interpoderes para trabajar en una reforma penal.

El comité aún no se integró. El lunes pasado, Estofán pidió celeridad a los legisladores respecto a este trámite. En la sesión del jueves, el jefe del bloque oficial, Roque Álvarez, le retrucó que si el alto tribunal ejerce "su poder de superintendencia" la Justicia podría dirimir en menor tiempo los planteos contra el plan piloto.

En medio de esta disputa, los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, y ahora la CFVI, pidieron participar del debate en la comisión interpoderes. Y, ante una consulta de este diario, Lebbos opinó que al disputa entre la Justicia y la Legislatura es contraproducente. "Perdemos el tiempo en una pelea por ver quién tiene la razón; mientras tanto, el pueblo sigue poniendo los muertos. Hablamos de un derecho humano básico, como es el acceso al servicio de justicia de los tucumanos", afirmó Lebbos.

Alberto Lebbos opinó que el plan piloto de la CSJT no le da rol un importante a la víctima de un delito o a sus familiares durante la investigación penal. Esto, según su visión, también sucede con el sistema vigente. "No buscamos una batalla contra los imputados, sino una justicia verdadera, que respete los derechos de los acusados y las víctimas", dijo. Y afirmó que un protocolo de actuación para fiscales sería un aporte.
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