CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Jue, 19 Feb 2015, 14:24

USTICIA LOCAL
La Corte Suprema suspendió la aplicación de la ley contra dealers
El tribunal hizo lugar al pedido del ministro Fiscal Jiménez, hasta que se resuelta su constitucionalidad.
1 hora


RESOLVER. EL máximo tribunal deberá definir si la normativa se puede aplicar en la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INES QUINTEROS ORIO

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán suspendió la aplicación de la ley 8.664, que prevee el traslado a las provincias de las competencias para a vendedores de drogas. De esta forma, el máximo tribunal provincial hizo lugar al pedido del ministro Fiscal Edmundo Jiménez, que ayer al mediodía había pedido la inconstitucionalidad de la normativa y que, hasta tanto decida sobre el tema, se disponga la suspensión de su aplicación.

La ley, que dispone el traslado a la Justicia provincial de la competencia para perseguir la venta al menudeo, debe entrar en vigencia el 1 de marzo próximo, generaría numerosos inconvenientes en las fiscalías y defensorías penales. “No existen órganos suficientes, en los existentes se carece de capacitación para perseguir el delito de tenencia y comercialización de estupefacientes, no hay espacio adecuado para la investigación y para la persecución del delito; en definitiva, se carece de recursos humanos y materiales para afrontar la materia que se pretende asumir”, describió Jiménez.

En su presentación, el ministro Fiscal se apoya en algunos puntos para pedir la inconstitucionalidad:
1) La competencia material se asigna por norma constitucional o norma legal y no puede ni debe admitir duda alguna.

2) El conocimiento de las causas relativas a drogadicción y narcotráfico se ha asignado a la Justicia Federal en razón de que están comprometidos objetivos superiores de la Nación que afectan a la seguridad nacional.

3) La ley 8.664 viola el principio rector que establece que la competencia en razón de la materia es una cuestión que se regula en normas constitucionales legales, es de orden público, es cierta y determinada y no es disponible, prorrogable, ni delegable.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia de la provincia la que deberá analizar y resolver si la ley contra dealers debe entrar en vigencia en Tucumán.

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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Dom, 03 May 2015, 11:03

PLEITO CIVIL | PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
La Corte niega una indemnización a empleados de Scania
Con los votos de Gandur (preopinante), Posse y Estofán, el alto tribunal dijo que la empresa tenía motivos para formular una denuncia penal. Los fallos completos.
11 horas Comentar2 Compartir 0 0 .

Un ejecutivo de la fábrica de camiones Scania, Bengt Arne Klingberg, había denunciado en sede penal la toma de la planta tucumana; la colocación de elementos de pirotecnia para dañar las cubiertas de los automotores; desmanes y actos de violencia; pintadas en la vivienda del director con leyendas ofensivas y otros daños. La denuncia señalaba que las 21 personas allí mencionadas serían los autores o partícipes de tales conductas (privación ilegítima de la libertad, amenazas, extorsión y daño intencional). La presentación pasó por los Tribunales federales y locales, pero terminó siendo archivada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán expresó que la empresa tenía motivos para actuar como actuó y, por ende, que no correspondía indemnizar a los empleados denunciados.

En el fallo emitido el 28 de abril pasado, los vocales Antonio Gandur (preopinante), Daniel Posse y Antonio Estofán (con su voto) confirmaron la sentencia de los camaristas Benjamín Moisá y María Dolores Leone Cervera (Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital). Ese estrado había revocado el pronunciamiento de primera instancia de 2010 que acogió la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Carlos Manuel Tagle, Miguel Ángel Salazar, Hugo Raúl Rosales y Hugo Dardo Núñez, y que condenó a Scania y a Klingberg a pagar $ 55.000 a cada demandante, con intereses y costas.

La Corte dijo que, al peticionar la investigación de una serie de conductas de apariencia delictiva, Scania había actuado en forma justificada. “La Sala II menciona que de la causa surge que los hechos que motivaron la denuncia en sede penal se encontraban acreditados; esto es, la toma de la planta fabril, la quema de neumáticos, las amenazas y agresiones, las pintadas de las paredes con aerosoles con expresiones tales como ‘pagá sueco puto’, etcétera”, expresaron Gandur y Posse. Y destacaron que, al mencionar quiénes serían autores o partícipes, el directivo utilizó los verbos en tiempo potencial, “a fin de que el fiscal interviniente llevara adelante la investigación que permitiera establecer autorías y la eventual responsabilidad penal”.

Los integrantes de la Corte rechazaron estar en el supuesto de la denuncia calumniosa, pese a que los empleados alcanzados por la presentación de la compañía dijeron que esta había sido “al voleo” y que involucraba a todos los trabajadores que se encontraban en situación de despido indirecto; que se les atribuyeron delitos pese a la admisión de que no era posible identificar a los responsables de los desmanes y que el objetivo fue conciliar a bajo costo. “La reparación del daño que eventualmente hubieran sufrido los actores no puede imponerse a la empresa”, manifestaron Gandur y Posse. Estofán, por su parte, dijo que los trabajadores denunciados no habían logrado demostrar la arbitrariedad en el razonamiento de la sentencia de Moisá y Leone Cervera: “pues la denuncia penal puede inscribirse en la razonabilidad y prudencia que justificaban las circunstancias del caso”.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Dom, 24 May 2015, 10:56

PODER JUDICIAL | CRISIS
“Con el fiscal Herrera se acaba el Estado de Derecho”
En su primera entrevista desde que salió de la cárcel, Jorge Alejandro Rigourd que el fiscal N°10, que afronta múltiples cuestionamientos, cobró una coima de $ 90.000 al agente de Cofin Jorge Cosentino.
9 horas C

EMPRESARIO IMPUTADO. Rigourd en la entrevista con LA GACETA. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

Dice Jorge Alejandro Rigourd que del calabozo salió otro Jorge Alejandro Rigourd. Este hombre de negocios había ascendido multiplicando el dinero ajeno. Y cayó como caen los poderosos: haciendo mucho ruido. Las señales de que las cosas no andaban bien habían comenzado hacía tiempo. Rigourd “bicicleteaba” los pagos y sus problemas de liquidez tenían en vilo a la plaza local. Los rumores se aceleraron cuando la Justicia Federal lo juzgó en dos casos de maniobras con títulos públicos, y lo condenó junto al ex juez Felipe Federico Terán y otros imputados. Pero ese juicio de septiembre de 2014 fue nimio en comparación de lo que le aguardaba en noviembre: la acusación de haber estafado a 400 ahorristas. Y un día Guillermo Herrera, fiscal N°10, sorprendió con el anuncio de que investigaba a Rigourd por la comisión de la mayor estafa de la historia de Tucumán.

Hubo un allanamiento espectacular en la city y otro menos publicitado -pero igualmente impactante- en el country. Hubo damnificados con bronca. Hubo promesas de recuperar el dinero “arrebatado”. Hubo quien calificó a Rigourd de “lobo de Wall Street vernáculo” en honor a Jordan Belfort, el agente bursátil caído en desgracia y popularizado por el cineasta Martin Scorsese. Hubo especulaciones de todos los tamaños. En un momento, Herrera dijo que el dueño de Cofin SA estaba prófugo y que él tenía una orden de captura. Después, el imputado se presentó a declarar, y allí fue esposado y exhibido para que las cámaras registrasen el instante de la detención.

Una agónica resolución de la jueza Mirta Lenis de Vera salvó a Rigourd y a su socio, el contador Hugo Sánchez, de pasar la Navidad en el pabellón de máxima seguridad de Villa Urquiza. Pero esos días en la cárcel dejaron su huella en un businessman acostumbrado a codearse con fortunas de todas las especies. Cinco meses después de la experiencia del cautiverio y en la primera entrevista que concede desde entonces, Rigourd dice que él no pretende hacer una patriada, pero tampoco está dispuesto a aceptar que lo pasen por encima. Rigourd dice que la sociedad ha llegado hasta el extremo de resignar valores esenciales en pos de acumular dinero. Dice que una cosa es que los negocios no funcionen y fundirse, y otra, fundir el Estado de Derecho. Dice que la estadía en la celda le permitió mirarse y mirar de una manera distinta. Este otro Rigourd tiene a mano, en su celular, la cita célebre del periodista estadounidense Edward R. Murrow: “una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”.

Y ahora que su caso volvió a “la vidriera” gracias a una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital en contra de Herrera y a que, a instancias de esa presentación, la Corte Suprema ordenó una auditoría cuyos resultados confirmarían las anomalías denunciadas, Rigourd está dispuesto a contar su versión sobre el presunto modus operandi del fiscal N°10. Entonces, suelta el siguiente relato-bomba: “el día del allanamiento, Herrera esposó a Jorge Cosentino, agente de Cofin, y le exigió que entregara una suma de dinero a una supuesta sobrina suya, María Posse Bruhl, que era clienta. Desesperado, Cosentino salió a buscar los fondos y terminó dando $ 90.000 a Herrera para no quedar preso. Todo esto puede ser probado con mensajes y cruces de llamados. Era lisa y llanamente una extorsión, y Cosentino estaba aterrado”.

-Empecemos de nuevo. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

-El viernes 7 de noviembre era feriado bancario y, por ello, el jueves había viajado a Bahía Blanca. Ese día me llaman del country para avisarme que la Policía quería entrar a mi casa, pero en ese momento aún no tenían orden de allanamiento. A la media hora me dicen que un grupo de agentes con Herrera a la cabeza estaba ingresando en las oficinas de San Martín al 600. Mientras tanto, en mi domicilio no había nadie, y revolvieron todo: ¡parecía un asalto! ¡Nos desvalijaron! Se llevaron lentes, cámaras de fotos, joyas y hasta un automóvil, pese a que no estaban autorizados a retirarlo. Los policías tomaron como testigos a obreros y no permitieron que mis vecinos presenciasen el procedimiento.

-Y mientras tanto, ¿qué ocurría en la calle San Martín?

-Se manejaron con total atropello y prepotencia. Desde el momento cero, con los cortes de calle y la convocatoria a la prensa, el operativo fue pensado para causar un efecto. El fiscal mintió de entrada cuando dijo que yo estaba fugado; que tenía pedido de captura internacional y que había formado empresas fantasma. Llevo 24 años trabajando en Tucumán y nunca cometí delitos. Pero volvamos al allanamiento: además de lo de Cosentino, agarraron a las empleadas, las desnudaron y las intimidaron. Querían infundirles miedo y lo lograron; querían abrir cajones, les daban las llaves, pero ellos preferían reventarlos: actuaron con saña y necesidad de causar daño. Al contador Sánchez lo tuvieron 16 horas esposado; lo “apretaron” y lo obligaron a abrir mi despacho en el quinto piso. Fue una tortura perpetrada con la amenaza de que si denunciaban lo sucedido, serían encarcelados.



-Los auditores criticaron la apertura de 276 cajas de seguridad...

-Esas cajas eran cedidas por comodato. Herrera no estaba autorizado a allanarlas, pero actuó de prepo y coercitivamente. Aunque disponían de llave para abrirlas por las buenas, decidió violentarlas. Y el procedimiento no fue controlado por nadie. Hicieron desmanes y saquearon lo que encontraron hacia adentro. Y hacia afuera, Herrera hizo una convocatoria de denunciantes: otro exceso que confundió muchísimo a la gente. La Justicia penal está para investigar delitos no para funcionar como una agencia de cobranzas, como expresó el Colegio de Abogados.

-¿Qué impresión le causó verse fotografiado con esposas?

-Está claro que fue un “apriete” en la línea de los allanamientos violentos y del maltrato que recibimos por parte de la Fiscalía N°10.

-Después de tanto despliegue, ¿le sorprendió que lo liberaran?

-Con buen criterio, la jueza (Lenis de Vera) advirtió que había una maniobra para disponer de mis bienes y no se prestó a ese juego. Dentro del patrimonio está la propiedad de la ex Papelera (avenida Mate de Luna al 1.900), que es muy valiosa. Mi lectura es que intentaron quebrarme moral, anímica y económicamente.

-¿Usted pagó una coima para evitar la prisión preventiva?

-No, no hubo ningún arreglo de ese tipo. En forma directa nadie me hizo esta propuesta, pero, indirectamente, hubo algún comentario en aquel sentido. Pero yo prefiero dar la cara y las explicaciones. Me puse en manos de los abogados y ellos hicieron, en forma legal, lo que correspondía.

-Hay quienes creen que el espectáculo de su detención obedeció a que entre sus acreedores había políticos de primera línea...

-Jamás participé en política. Sí tengo relación con políticos de diferentes partidos, pero ello responde a que llevo 30 años en la calle y en que, por mi actividad, es necesario disponer de buena información. Pero no manejo fondos de la política. Y si hay algún cliente de ese sector, se trata, en todo caso, de ahorros personales.

-Se comenta que entre sus denunciantes hay gente que invirtió dinero no declarado y que no podía presentarse en el concurso.

-El 50% de la economía está “en negro”. Todos hablan de la compañía financiera, pero nosotros no prestábamos dinero sino que, con las sumas que tomábamos, desarrollábamos proyectos propios o ayudábamos a desarrollar proyectos de terceros en los sectores agroindustrial e inmobiliario. Evidentemente veníamos con atrasos en los pagos, pero eso tiene que ver con que estamos en Tucumán y en Argentina: no es que Cofin andaba mal y el resto, bien. Pero la empresa seguía funcionando: aquí hubo un grupo que operó en sede penal para tratar de sacarnos del negocio y beneficiarse.

-¿Cuál es el pasivo de Cofin?

-Entre $ 150 y $ 180 millones.

-¿Y el activo?

-Hay participaciones en sociedades y en carteras. El proyecto más importante es el de la propiedad de la ex Papelera, que estaba casi cerrado, y que iba a tener hoteles, oficinas, viviendas y un centro comercial. Estamos viendo de replantearlo y de reformularlo: en la compra del inmueble intervino una empresa constructora que debe aportar su parte. Pero mi detención produjo un perjuicio irreparable para este emprendimiento que nos habría permitido recuperarnos como empresa y cumplir con los clientes.

-¿Podrá pagar sus deudas?

-Más allá de la coyuntura difícil de la provincia y del país, los activos están. Pese a que no era nuestra decisión comercial, las circunstancias nos forzaron a presentarnos en concurso preventivo y entendemos que habrá una solución.

-Regresemos a la causa penal. ¿Qué rescata de los 40 días que estuvo detenido?

-Viví todo tipo de anomalías. Por ejemplo, un sábado se presentaron de la Fiscalía X para notificarme que ese lunes debía presentarme a declarar... ¡por la imputación de una asociación ilícita! Es decir, Herrera siente que puede hacer lo que quiera, que es impune, que tiene poder y que nadie lo controla. ¿Quién se lo da? No lo sé. Pero con su comportamiento se acaba el Estado de Derecho. Si Herrera tiene un objetivo, lo consigue a cualquier precio, no importa lo que avasalle en el camino. Pude haber tomado malas decisiones en los negocios, pero eso no habilita a nadie a actuar como actuó el fiscal N°10.

-Usted tenía una vida social muy intensa. ¿Cómo es su pasar ahora?

-Me prohibieron la salida de la provincia y tuve que ajustarme. Hay gente que no dimensiona lo que sucedió y que hubo una violación de derechos humanos. No pude volver a mi trabajo con la normalidad de antes de la detención: no dispongo de la oficina ni de la documentación ni de los sistemas. Estoy tratando de ordenar la parte legal, pero, después de casi un semestre, sólo puedo decir que aguanto y que resisto. Hay clientes que están molestos y tienen razón, pero a mí me sacaron la continuidad que necesitaba para no llegar al concurso.

-¿Es usted, como dicen por ahí, “el lobo de Wall Street tucumano”?

-No, pero sí creo que lo que me pasó a mí debe servir para entender que toda inversión tiene sus riesgos y quizá sí ha sucedido que inversores pequeños entraron en un negocio que no era para su perfil. Hay que ser conscientes de que las apuestas económicas a veces funcionan y a veces fallan. Estoy en el rubro desde hace 24 años, hicimos asesoramientos muy exitosos y pagué impuestos millonarios; tuve complicaciones, pero no pergeñé la gran estafa del fiscal Herrera.
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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Vie, 12 Jun 2015, 11:28

DELITOS DE LESA HUMANIDAD
"Hice lo que pude y lo que me dejaron", dijo Manlio Martínez antes de escuchar la sentencia
El ex juez está acusado por encubrimiento y denegación de justicia en el caso del asesinato de cinco militantes, en 1976.
1 hora C


ETAPA FINAL. Manlio Martinez hizo uso de la palabra antes de escuchar la decisión del tribunal. LA GACETA / INES QUINTEROS ORIO
Una hora antes de escuchar la sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que está acusado, el ex juez Manlio Martínez habló ante el tribunal.

"Siempre actué dentro de la ley", aseguró el ex magistrado federal. "Hice lo que pude y lo que me dejaron", afirmó, en referencia a su actuación durante la dictadura.

La causa por la que Martínez llega a juicio es una derivación de "Romero Niklison", en la se juzgó el asesinato de cinco militantes, en 1976. El juicio habia comenzado el 12 de marzo.

La sentencia se conocerá a las 11. Es la número 11 en juicios de lesa humanidad en Tucumán.

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Re: CSJ/T Corte Suprema Just.Tucumán

Notapor AzUkItA » Sab, 01 Ago 2015, 10:25

La Corte exige un régimen de subrogancias respetuoso de la ley
El alto tribunal en pleno recordó al ministro público, Edmundo Jiménez, que la designación de reemplazantes no es totalmente “discrecional”
10 horas Comentar0 Compartir 0 0 .

El régimen de subrogancias profundizó las diferencias entre el Ministerio Público Fiscal y Pupilar que encabeza Edmundo Jiménez desde el 15 de agosto de 2014, y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El 29 de julio, el alto tribunal en pleno manifestó que Jiménez debía establecer un sistema de reemplazos respetuoso de la ley. La Acordada 792/2015 firmada por Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse coincide temporalmente con la discusión suscitada en la Junta Electoral Provincial respecto de quién ha de sustituir al ministro público para definir los 17 pedidos de recusación articulados en su contra.

La Corte se expidió a propósito de un dictamen reciente del Ministerio Público sobre el tema. “Esta opinión no luce fundada”, expresaron los vocales. Y añadieron que el reemplazo de Jiménez no es una cuestión absolutamente discrecional, sino que debe ajustarse a la normativa vigente. Es decir, a los principios de legalidad; de orden de nominación de los fiscales de Cámara y, en su defecto, de los fiscales de primera instancia; de materias (civil y comercial, penal, contencioso administrativo, etcétera) y de duración. Al respecto, la Corte dijo que había que aplicar analógicamente el último párrafo del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al fijar el método de integración del alto tribunal en caso de impedimento, vacancia, recusación o inhibición de sus vocales titulares, ese artículo dispone que se acudirá a los jueces de Cámara o jueces de primera instancia según la materia de sus respectivas competencias.

Aquello quiere decir que si un caso es de naturaleza laboral, la Corte incorporará magistrados de ese fuero (que no hayan intervenido antes en el pleito). Si el expediente viene del fuero penal, la Corte se integrará con camaristas penales. Es lo que está ocurriendo en el proceso iniciado por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón: el alto tribunal que revisa el fallo de la Corte que condenó a 10 de los 13 imputados está compuesto por Goane y dos vocales de Cámara: Alfonso Zóttoli y Alicia Freidenberg.

El máximo estrado de la provincia considera que lo que la ley prescribe para ella vale, por extensión, para el Ministerio Público (el ordenamiento no fija reglas precisas para la subrogación del jefe de los fiscales y defensores, sino que se limita a decir que este ha de dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento del Ministerio Público). Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse afirmaron en la Acordada 792/2015 que ya existe un sistema de subrogancias respetuoso de la ley para la institución que dirige Jiménez: se trata de la resolución emitida por el ex ministro público Ricardo Falú en 2000, texto que acoge el estándar de que los reemplazos proceden en función de la materia.
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